Tras la reunión virtual celebrada el pasado 28 de mayo, y la reunión presencial de los Ministros de Finanzas de los países miembros del G7 (que tuvo lugar el 4 y 5 de junio en Londres), la organización ha anunciado el acuerdo alcanzado en materia de fiscalidad aplicada a las empresas. Bajo una serie de epígrafes que aluden a temas como una recuperación económica igualitaria, acción climática, apoyo a los países en vías de desarrollo o garantizar un futuro mejor.

Precisamente bajo este epígrafe, presente casi al final del documento emitido, es en donde se encuentran las medidas más destacadas que han surgido de la reunión del fin de semana. Sustentado en dos pilares, el primero de ellos trata sobre el hecho de tributar en el país en el que se produce la operación. Así, el G7 reitera su compromiso para ”llegar a una solución equitativa (…) concediendo a los países derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables”.

En esta misma línea, el G7 también se ha pronunciado sobre un impuesto mínimo global que afectaría a las multinacionales, afirmando que “estableceremos una coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la supresión de todos los impuestos sobre los servicios digitales, y otras medidas similares pertinentes, para todas las empresas. También nos comprometemos a establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15%, país por país”.

Cabe resaltar, en todo caso, que este acuerdo, que ha sido calificado por medios de comunicación y sus protagonistas como histórico, no tiene carácter vinculante. Estas medidas continuarán su debate en el ámbito del G20 y de la OCDE, la cual agrupa a 38 países actualmente tras la reciente designación de Costa Rica como miembro, y en donde se espera un debate más complejo dada la cantidad de países que representa.

El avance hacia un sector financiero más verde y sostenible también ha conformado parte de la comunicación elaborada. Así, como se afirma en la propia comunicación publicada tras la reunión, se espera que los países del G7 sigan avanzando en cuanto a la implementación de la obligatoriedad de reporting en cuanto a criterios ESG y “información financiera relacionada con el clima que proporcione información coherente y útil para la toma de decisiones de los participantes en los mercados financieros”.

La comunicación enviada también hace referencia a otro asunto que ha aparecido con recurrencia en las conversaciones de los organismos internacionales por lo menos desde 2019, como es el de la sostenibilidad de la deuda. Así, entre los acuerdos alcanzados animan al sector privado a adherirse a los “principios voluntarios para la transparencia de la deuda” del Institute of International Finance (IIF).

Para Augusto Berutich, Global Head of Tax de Auxadi, “sin duda, aunque todavía queda mucho recorrido para que este anuncio se convierta en una realidad, es notable el acuerdo suscitado, en un ámbito tan relevante y sensible como la fiscalidad. Nos muestra cuál será el futuro, un entorno basado en negocios, empresas y reglas fiscales globales, y no en una amalgama de fiscalidades nacionales e intereses contrapuestos. Al final, la generación de riqueza está vinculada con la ubicación de las personas, y su capacidad de consumo e inversión, y la fiscalidad debe atender esta realidad. En definitiva, un paradigma de mayor colaboración entre países, y más adaptado a los tiempos que vivimos. Además, lo que este acuerdo demuestra es que las organizaciones del mañana no podrán obviar aspectos como la sostenibilidad”.

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Augusto Berutich
Head of Global Tax

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