España, como respuesta a la situación provocada por el Coronavirus, está llevando a cabo actualizaciones legislativas para apoyar a las personas y empresas a luchas las consecuencias de esta pandemia. A este respecto, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, ha establecido las siguientes disposiciones en materia tributaria:

Plazo para recurrir

La Disposición adicional octava del RD-Ley 11/2020 ha establecido, en relación con el plazo para recurrir, lo siguiente:

El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma. Este cómputo será con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.

En el ámbito tributario, desde el 14 de marzo de 2020, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020. Se aplicará en los siguientes supuestos:

  • Supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020.
  • Supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación.
  • Recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Determinados procedimientos y actos

La Disposición adicional novena establece que el periodo comprendido desde la entrada en vigor del RD 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, es decir, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a los siguientes efectos:

  • A efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos.
  • A efecto del cómputo de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria que quedarán suspendidos durante este periodo de 14 de marzo a 30 de abril de 2020.

Estos apartados anteriores serán de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de:

  • La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • El Ministerio de Hacienda.
  • Las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.
  • Las Administraciones tributarias de las Entidades Locales, así como, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, en relación con la suspensión de plazos en el ámbito tributario, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza pública.

Para finalizar, la Disposición final duodécima, establece que, con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.

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