El Decreto Ley Nº. 111-B/2017 del 31 de agosto 2017 ha incorporado la Directiva Nº. 2014/55/UE del Parlamento Europeo, en la Ley portuguesa correspondiente al uso de la facturación electrónica para el sector público.
A partir del 1 de enero de 2019, los proveedores están obligados a la emisión y envío de facturas electrónicas con relación a los servicios prestados y bienes suministrados a las entidades del sector público y estatal.
Basado en la mencionada Directiva, una factura electrónica es una “factura emitida, transmitida y recibida en un formato electrónico estructurado que permita su tratamiento automatizado y electrónico” y es sujeto a requisitos específicos técnicos y de contenido.
Es recomendable que todas las empresas que emitan facturas a las entidades del sector público analicen por adelantado si pueden emitir facturas electrónicas desde el 1 de enero de 2019.
