Con fecha 11 de agosto de 2015 se ha publicado en el BOE la Resolución de 29 de julio de 2015 de la Secretaría de Estado de Empleo. Esta Resolución recoge el Acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros en su reunión de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, con una dotación presupuestaria de 4.788.145,03 miles de euros.

Según este Plan, los servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de los siguientes cinco objetivos estratégicos:

►► Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en España.
►► Favorecer la empleabilidad de colectivos especialmente afectados por el desempleo, en particular de los mayores de 45 años desempleados de larga duración, así como e colectivo beneficiario del Plan PREPARA.
►► Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, de manera que consiga un mayor impacto en términos de inserción y mejora en el rendimiento en el puesto de trabajo.
►► Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, como forma de ofrecer la mejor protección y vías de retorno al empleo para las personas en situación de desempleo.
►► Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del empleo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido con fecha 4 de agosto a los agentes sociales el proyecto de Real Decreto Legislativo que actualizará y ordenará la Ley General de Seguridad Social (LGSS), para que hagan sus aportaciones y valoren el nuevo texto legal que recogerá todas las novedades aprobadas en los últimos años.

El futuro Real Decreto Legislativo integrará en una única norma, estructurada y sistematizada, todas las novedades legales complementarias a dicha normativa. Además, pretende actualizar las referencias obsoletas de la Ley General, aprobada en 1994. El nuevo texto regularizará y armonizará las disposiciones legales, convirtiéndose en la norma legal de referencia en este ámbito.

Las disposiciones relativas a los trabajadores autónomos, la ley que regula el Factor de Sostenibilidad o las referentes al propio ordenamiento de la Seguridad son algunas de las normativas
más importantes que no estaban incluidas hasta el momento.

El proyecto, recibido por los agentes sociales para su valoración durante el mes de agosto, se enmarca en las recomendaciones recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

La CORA solicitó a los distintos ministerios una relación de leyes de cada área con el fin de impulsar cuanto antes la elaboración de textos reformados sobre las citadas materias en el ámbito de la Administración General del Estado. El objetivo: evitar duplicidades innecesarias e inseguridad jurídica.