El pasado 29 de enero de 2021, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados (Congreso de la Unión), una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (la “Iniciativa”). La Iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión como con carácter de “preferente”, por lo que dicho Congreso contó con un plazo máximo e 31 días naturales para tramitar el dictamen respectivo. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, la Iniciativa fue turnada al Senado de la República para su revisión y trámite, durante otro periodo de 31 días naturales. Finalmente, el 2 de marzo de 2021 el Senado de México aprobó la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con 68 votos a favor y 58 en contra.
De acuerdo con la exposición de motivos de la Iniciativa de Reforma, busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la modificación del mecanismo de despacho de centrales y plantas de energía.
Las modificaciones se proponen en un Memorándum emitido por el mismo Presidente, el pasado 22 de julio de 2020, dichas modificaciones contenían los lineamientos que rigen la nueva política energética de México, así como las diversas modificaciones regulatorias que se han presentado en los últimos meses.
A continuación, se mencionan algunos de los puntos relevantes de la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (Reforma), que tendrían mayor impacto para los participantes de la Industria energética en México:
- La Reforma pretende terminar con el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera, de manera independiente, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para dar prioridad a las plantas de la CFE. El criterio de despacho es la forma en la que se define qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento. La Reforma elimina la obligación de despachar primero la energía más económica y da prioridad, en el proceso, a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar, a las hidroeléctricas; en segundo, a las demás centrales de la CFE; posteriormente, a la energía eólica y solar de los particulares; y, finalmente, a las centrales de ciclo combinado (centrales que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) de particulares. Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Las principales perdedoras de esta Reforma son las centrales de energías renovables y limpias.
- Hasta el momento, la CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas, para elegir el precio más barato, y ahora con la Reforma se pretende eliminar esa obligación. Con las modificaciones a la ley, podría optar por la electricidad de cualquier planta o fuente, de acuerdo con el nivel de prioridad, y sin hacer subastas, lo que puede afectar el poder adquisitivo de los usuarios finales.
- Los Certificados de Energía Limpia (CEL) se van a otorgar a cualquier productor de energía, sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas, o su fecha de entrada en operación. Lo que significaría que ya no habría incentivos para que puedan crearse nuevas plantas, sino que, si ya existía alguna, ésta tendrá la posibilidad de obtener un certificado, con lo que la opción de invertir en una nueva planta perderá importancia.
- La Reforma da opción a revocar permisos que se habían dado bajo la anterior ley, a pequeños generadores denominados de autoabastecimiento o cogeneración, los cuales han funcionado como una alternativa para cubrir las necesidades propias de generación de energía. Tales permisos pueden ser revocados por una revisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esto pone en una situación de inseguridad jurídica a las empresas que funcionaban bajo este esquema.
Los puntos descritos impactan tres garantías: la libre competencia, la competitividad en el sector eléctrico y procuración de un medio ambiente sano y sustentable.
Derivado a la Reforma, existen implicaciones que repercute al sector privado, de que se le dé prioridad a la CFE entre las fuentes que despachan energía al Sistema Eléctrico Nacional, por ejemplo, directamente a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias, mediante parques eólicos o solares, las cuales ya no tendrán incentivos para seguir creciendo o traer inversiones.
Como se ha comentado anteriormente, la Reforma ha sido aprobada por el Senado y será que a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Energía, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía, dispondrán de seis meses para realizar las modificaciones necesarias a los instrumentos regulatorios en materia de energía eléctrica para alinearlos a lo previsto en la Reforma.
Por otro lado, los participantes del sector cuentan con medios de defensa en México para oponerse al contenido de la Reforma, una vez que ésta sea publicada y entre en vigor; asimismo, los inversionistas extranjeros también podrían explorar la posibilidad de inconformarse en el marco de ciertos Tratados Internacionales, aunado a que los propios países con los que México celebró dichos acuerdos internacionales, podrían denunciar el incumplimiento de las obligaciones respectivas.
Los partidos políticos de oposición opinan que la Reforma incluye disposiciones contrarias al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable en materia energética, además de que podría implicar la violación de diversas obligaciones adoptadas por México a través de múltiples Tratados Internacionales, destacando acuerdos en materia económica, medioambiental y de derechos humanos.
El futuro del nuevo marco energético, aun después de su aprobación, es incierto. Los partidos de la oposición presentarán una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo que también tiene la facultad de recurrir al máximo tribunal, advierte que la Reforma viola el principio de libre competencia en la Constitución y recomendó al Congreso no aprobarla.
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