En esta nueva entrega de nuestra serie especial sobre la industria Fintech, analizamos el caso de Costa Rica.

La excepcional posición geográfica de Costa Rica (sirviendo como HUB y conexión entre Estados Unidos y Canadá y América Latina), el talento existente en el país (que destaca por el nivel de formación, habilidades y su bilingüismo) y los esfuerzos del gobierno por atraer inversión extranjera convierten a la República en un escenario de lo más interesante para los inversores y multinacionales internacionales.

Además, en los últimos meses el país ha desarrollado diversas medidas para potenciar la capacidad de atracción del inversor internacional. Y es que a finales de mayo aprobó el Proyecto de Ley 22607, que busca potenciar su competitividad al tiempo que estimula la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Como demuestra el informe ‘Fintech en Costa Rica’, de Finnovista, el caso de Costa Rica es curioso y paradigmático porque cuenta con una población dispuesta al uso de tecnología relacionada con las finanzas (en 2019 el 60 % de la población adulta ya hacía pagos a través del móvil, lo cual era una cifra mayor a la media de Latam y Caribe, según ese mismo informe), pero la penetración de la banda tradicional también es mayor, con lo cual no es el mismo caso que otros países de América Latina donde este tipo de soluciones son más apremiantes.

A finales de mayo Costa Rica aprobó el Proyecto de Ley 22607, que busca potenciar su competitividad al tiempo que estimula la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Por supuesto, esto no es óbice para que el sector goce de una buena salud en el país, a lo que hay que unir dos aspectos importantes: el talento existente en Costa Rica, que ayudará al desarrollo de esta industria, y la capacidad exportadora de las FinTech costarricenses: según el informe ‘Mapeo de la industria Fintech en Costa Rica’, de PROCOMER estas empresas destacan por su potencial exportador, dado que el 60 % ya exporta. Además, Costa Rica cuenta con un hub de innovación, conocido como Centro de innovación Financiera (CIF), que apoya este sector.

En este contexto, ¿qué ofrece el país en lo relativo a fiscalidad en el sector Fintech?

Marco regulatorio

En Costa Rica no existe una ley específica que rija a las empresas de tecnología financiera, aunque se ven reguladas por un corpus diverso formado por textos como la Ley de protección de datos n°8968, la Ley de Legitimación de Capital y Actividades para la Transferencia de Estupefacientes n°8204 y la Ley de Regulación de Sociedades Financieras No Bancarias n°5044.

Impuesto sobre la renta de sociedades

La tasa del impuesto sobre la renta para sociedades está fijada en un máximo de 30% y hay requisitos de retención de impuestos sobre dividendos, intereses y cánones.

Las compañías en Costa Rica pueden realizar el pago de este impuesto mediante conectividad bancaria, tanto en bancos privados como estatales, siendo indiferente el lugar en el que se encuentre o a la hora que requiera realizar el pago.

Deducciones

Las plataformas bancarias permiten a los usuarios realizar rebajos programables para que sean de forma automática, ya sea mensuales o semanales para que las personas físicas y contribuyentes no incurran en intereses o algún otro tipo de sanción por el atraso en pagos.

IVA

El IVA en Costa Rica es de un 13 %, existiendo tarifas diferenciadas para algunos bienes o servicios. Las compañías en Costa Rica pueden realizar el pago del impuesto al valor agregado mediante conectividad bancaria, tanto en bancos privados como estatales, siendo indiferente el lugar en el que se encuentre o a la hora que requiera realizar el pago.

Aranceles

Las compañías en Costa Rica pueden realizar el pago de aranceles mediante conectividad bancaria, tanto en bancos privados como estatales, siendo indiferente el lugar en el que se encuentre o a la hora que requiera realizar el pago.

Otros beneficios

Los contribuyentes pueden abrir cuentas bancarias, realizar pagos no solamente al Ministerio de Hacienda, sino también a la CCSS, Municipalidades, servicios públicos, entre otros, adicionalmente, utilizan códigos QR para la venta y compras de productos y/o servicios.

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