El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han adoptado un acuerdo provisional, publicado el pasado día 10 de junio, para la modificación de la Directiva 2013/34/EU sobre la publicación del Impuesto sobre Sociedades pagado por parte de determinadas empresas y sucursales.

Cada vez se hace más necesario exigir a las grandes multinacionales que desarrollan actividades en la Unión Europea transparencia financiera en relación con la información sobre dónde obtienen estas multinacionales sus beneficios y en qué jurisdicciones pagan sus impuestos, sobre la premisa de que es deber de todos contribuir a la recuperación económica de manera equitativa.

Este control público puede lograrse mediante un informe en el que se dé información del Impuesto sobre Sociedades, independientemente de dónde esté establecida la empresa matriz última del grupo multinacional, sin que perjudique el clima de inversión ni la competitividad de las empresas de la Unión.

Así, este acuerdo obligará a las empresas y sus filiales, con facturaciones globales superiores a los 750 millones de euros durante dos años consecutivos, a hacer públicos los impuestos que pagan en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y en los países considerados paraísos fiscales por parte de la UE. También deberán dar información sobre sus actividades, el número de empleados, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos abonados, como ya hemos mencionado y los beneficios acumulados.

Esta obligación también incumbe a las filiales, con independencia de su tamaño, siempre y cuando pueda considerarse que existen para favorecer a la matriz en la elusión del pago de impuestos.

Con este informe se aumentará la transparencia en relación con las actividades de las empresas multinacionales, permitiendo al público en general evaluar el impacto de sus actividades en la economía real, así como mejorar la capacidad de los accionistas para evaluar los riesgos asumidos por las empresas y aumentando la capacidad de los responsables en reconducir sus estrategias de inversión cuando toman sus decisiones, evaluando la eficacia y el impacto en las legislaciones nacionales.

Una mayor transparencia en la información financiera implica ventajas para todos, ya que la sociedad civil se involucrará más, los empleados estarán mejor informados y los inversores tendrán menos aversión al riesgo. Al haber mayor claridad, para las empresas será más fácil el acceso a financiación pues el informe da un perfil de riesgo más claro y una mejor reputación.

Lo que se busca con este acuerdo es sacar a la luz las pérdidas en los ingresos fiscales que sufren los países de la Unión Europea, así como la diferencia existente entre los Estados miembros donde unos Estados han establecido un sistema fiscal que ha servido para que grandes empresas internacionales los hayan convertido como base de operaciones, evitando el pago de impuestos en el resto de los países al hacerse beneficiarios de sistemas fiscales más favorables.

Por tanto, es también objetivo de este acuerdo tener un acceso con mayor transparencia a las estructuras fiscales que han sido diseñadas por grandes grupos multinacionales para disfrutar de una menor carga impositiva. Con esta transparencia se persigue que las empresas aporten al fisco de una forma justa en cualquiera de las jurisdicciones donde realizan sus actividades y obtienen beneficios.

Este acuerdo se produce en el momento en el que se está impulsando una mayor justicia tributaria dentro del marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde se estudia fijar un Impuesto sobre Sociedades mínimo así como la tributación de las empresas en aquellas jurisdicciones en donde obtienen beneficios.

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Photo by Benjamin Child

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Marta Reguera

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