Como parte del Proyecto de Ley conocido como «Infraestructura Bill», el Senado de los Estados Unidos ha puesto la vista sobre nuevas regulaciones sobre las criptodivisas, apuntando a que aquellos que inviertan en estos activos informen de sus operaciones. Así, estos «brokers» estarían obligados a informar sobre las compras, las ventas, las transferencias entre inversores y las transacciones superiores a 10.000 dólares, lo que facilitaría al IRS el seguimiento de los beneficios generados. El «Joint Comittee on Taxation» estima que estos cambios en la obligatoriedad de reporte recaudarían unos 28.000 millones de dólares en la próxima década.

El sector del bitcoin se ha regido por una laxitud en la regulación desde su aparición en 2009. Como informa el Financial Times, las criptomonedas presentan retos a la hora de su legislación debido a la dificultad para definirlas. Mientras que las criptomonedas son vistas por el público como una moneda no vinculada a un país específico, los reguladores estadounidenses ven el bitcoin como una mercancía y otras criptomonedas como valores. Pero la confusión normativa no ha afectado a la popularidad de las criptomonedas y al interés por los inversores, especialmente particulares.

Una encuesta reciente de la Universidad de Chicago reveló que el 13% de los estadounidenses compró o negoció con criptodivisas en el último año, y el 61% de ellos en los últimos seis meses. Y los datos demográficos también son interesantes: el inversor prototipo de criptomonedas tiene 38 años (de media) y no dispone de estudios universitarios (55%). Además, el 41% son mujeres, el 44% son personas de color y alrededor del 35% tienen ingresos familiares inferiores a 60.000 dólares al año.

Las criptomonedas se consideran popularmente una inversión fácil -más fácil que los mercados bursátiles-, aunque el mismo estudio arroja el desconocimiento sobre las mismas. El 62% de los encuestados afirmó que no invierte en criptos porque entenderlas lo suficiente.

Las operaciones con criptomonedas están sujetas al impuesto sobre la renta en Estados Unidos, aunque todo lo que se requiere actualmente para informar de las transacciones con criptomonedas es marcar una casilla en la primera página de la declaración de la renta, y un formulario específico separado si se tiene más de un número/valor específico de transacciones.

Se supone que los inversores deben pagar impuestos sobre cualquier aumento del valor del cripto. Pero, sin determinar el valor inicial del activo, los inversores no pueden determinar fácilmente el beneficio imponible. Y muchos inversores desconocen el hecho de que las transacciones cotidianas de criptomonedas pueden estar sujetas a impuestos, como la conversión de bitcoin en efectivo, para poder efectuar compras o sacar dinero de un cajero automático.

Hasta el momento, esta propuesta de regulación fiscal ha recibido el rechazo inicial de la industria de las criptomonedas. El lenguaje del proyecto de ley actual establece que un broker se define como «cualquier persona que (a cambio de una contraprestación) proporciona regularmente cualquier servicio responsable de efectuar transferencias de activos digitales, incluyendo cualquier intercambio descentralizado o mercado peer-to-peer«. Esto abarcaría no sólo a los corredores regulados, sino a casi cualquier persona que opere, incluidos los mineros, por ejemplo. Los grupos de la industria están presionando para que se aclare este punto y se reduzca el enfoque.

Es de esperar que se incremente el número y tipo de regulaciones relacionadas con las criptomonedas, con la mira en el plan presupuestario de la administración Biden. Entre ellas se incluye un punto relativo a los datos globales que exige a las empresas de criptomonedas que operan en EE.UU. que informen sobre los titulares de cuentas en el extranjero, «para que EE.UU. pueda compartir la información con sus socios comerciales». Según el Libro Verde del Tesoro de EE.UU., «con el fin de garantizar que los Estados Unidos puedan beneficiarse de un marco global de intercambio automático de información con respecto a los criptoactivos offshore, y recibir información sobre los beneficiarios finales de EE.UU., es esencial que los Estados Unidos proporcionen recíprocamente información sobre los beneficiarios finales extranjeros de ciertas entidades que realizan transacciones en criptoactivos con corredores de EE.UU.».

Según datos de Mondaq , hasta marzo de 2021, las criptodivisas han sido legisladas y reguladas en once países y prohibidas en diez. Más de una década después de su lanzamiento, a principios de este año la industria de las criptodivisas estaba valorada en 2 billones de dólares.

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