Ante la incidencia que la pandemia del Coronavirus continúa teniendo en Costa Rica, el gobierno de la república ha puesto en marcha la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 entre los trabajadores del sector público. El viernes 15 de octubre entre en vigor el decreto ejecutivo N° 43249-S que establece esta medida, tras ser firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas.
Además, como novedad destacada, este decreto también establece la obligatoriedad para aquellos empleados del sector privado cuyos empleadores, dentro de sus disposiciones laborales internas, decidan optar por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.
Como afirma el propio texto “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el COVID-19”.
El decreto también establece que las personas sometidas al mismo deberán vacunarse cuando sean citados por los encargados para tal efecto de acuerdo con la planificación institucional respectiva, con excepción de aquellos funcionarios que por contraindicación médica debidamente declarada no les sea posible recibir la vacuna.
Como afirma la comunicación oficial difundida por el gobierno costarricense, “la Sala Constitucional ha analizado lo referente a la obligatoriedad de la vacunación y ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado (…) y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”.
Nuestro equipo de profesionales de la oficina de Costa Rica está a disposición de todas las empresas del sector privado presentes en el país que deseen establecer la obligatoriedad de la vacuna de acuerdo a los parámetros establecidos por la legislación laboral (en lo relativo a disposición interna, tratamiento de los datos, comunicación, permisos, etc).
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