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Últimos decretos legislativos que han afectado a la Legislacion Laboral

En los últimos días se han aprobado varios decretos legislativos que han afectado a la legislación laboral, tanto en el Sector Público como en el Privado, algunos de los cuales han influido también en la aplicación de los derechos laborales. Aquí un recuento de las principales medidas:

1. Precisión sobre la obligación de realizar los exámenes médicos iniciales. De conformidad con el Decreto Supremo Nº 016-2016-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, los exámenes médicos ocupacionales deben practicarse cada dos años, contados a partir de los ingresos del trabajador (para los nuevos trabajadores) o desde la fecha de Su último examen médico ocupacional por el empleador (en el caso de los trabajadores con una relación actual). Por lo tanto, tal como se establece en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sólo será obligatorio realizar estos exámenes al comienzo de la relación laboral cuando el trabajador realice una actividad de alto riesgo.

2. Actualización de las actividades de riesgo. Mediante el Decreto Supremo N ° 043-2016-SA, se amplía la lista de actividades de riesgo, para que se incluyan en la cobertura del Seguro de Trabajo de Riesgo Complementario (SCTR). Cabe señalar que este seguro se destina a cubrir las contingencias de trabajadores causadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los casos en que la actividad de la empresa se clasifique como de riesgo.

3. Uso de la tecnología en la firma de documentos laborales. El Decreto Legislativo Nº 1310 establece que en todos los tipos de documentos laborales, el empleador puede sustituir su firma y sellado manual por las siguientes opciones: firma digital, firma electrónica y microformas.

4. Implementación de medios virtuales para la entrega de papeletas y prueba de pago. La misma disposición estipula que cuando el pago de las obligaciones laborales económicas se deposita a través de empresas del sistema financiero, el empleador puede sustituir la impresión y entrega física de los billetes o certificados de pago por puesta a disposición del trabajador de dichos Documentos mediante el uso Tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, se requiere que los medios utilizados garanticen el registro de su emisión por parte del empleador y un acceso adecuado y razonable por parte del trabajador. En este caso, no se requiere firma de recepción del trabajador.

5. Conservación de documentos laborales. El Decreto Legislativo No. 1310 establece que, a todos los efectos legales, los empleadores están obligados a conservar documentos y comprobantes de pago de obligaciones laborales económicas hasta por un máximo de cinco (5) años después de haber efectuado el pago. Este plazo debe ser observado en sus actuaciones por los órganos administrativos, de inspección, judiciales y arbitrales. Por otra parte, prescribe que en el caso de la ONP, el empleador podrá destruir la información de nómina correspondiente a períodos anteriores a julio de 1999, después de digitalizarla con valor legal o entregarla físicamente a dicha entidad.

6. Delimitación del poder de intervención de la Autoridad Nacional de la Función Pública por afectaciones al principio de probidad. Uno de los atributos de la Autoridad de la Función Pública Nacional es la interventora, en caso de detectarse irregularidades en la gestión o gestión de recursos humanos en materia de concurso. Ahora, mediante el Decreto Legislativo No. 1337, la Autoridad Nacional de la Función Pública ejercerá excepcionalmente esta atribución en caso de solicitud de un titular de la entidad del Poder Ejecutivo, en caso de daño grave al principio de probidad y público Ética. En ese sentido, se designará a un interventor que actuará como órgano instructor del procedimiento disciplinario administrativo que motivó la intervención.

7. Descalificación del servicio público por cinco años. Las sanciones de despido o despido firmes o que hayan agotado la vía administrativa y hayan sido debidamente notificadas implican la descalificación automática para el ejercicio de la función pública y la prestación de servicios durante cinco años. Durante ese período, el funcionario no puede volver a entrar para prestar servicios al Estado, en cualquier forma o modalidad. Es obligatorio registrar el servidor en el Registro Nacional de Sanciones contra Funcionarios y en el Registro de Discapacidades, según lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1295.

8. Prohibición de prestar servicios al Estado por la comisión de delitos de corrupción. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1295, las personas con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, por alguno de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401del Código Penal, no pueden prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier modalidad o forma.

9. Publicidad de las sanciones contra servidores civiles
. Las sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles son de acceso público en tanto se mantengan vigentes.

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