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INCENTIVOS PARA LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Mediante el Decreto N° 1040, se emitió el ‘Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera’, en dicho documento se contempla una distribución adecuada de los riesgos, un esquema claro de obligaciones y límites razonables de incentivos son algunos de los elementos establecidos.

El gestor privado debe estar claramente identificado

Según el reglamento se denomina ‘gestor privado’ a la entidad de derecho privado, constituida según la normativa ecuatoriana, que es responsable del desarrollo del proyecto, se procurará que el gestor privado se encargue de las diferentes etapas de ejecución del proyecto pero podrá dividirse y adjudicarse por separado.

El capital de estos gestores puede ser privado o aportado por una empresa estatal de un país de la comunidad internacional. Además, la entidad debe tener un propósito específico, una personalidad jurídica propia y ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias.

Elementos esenciales mínimos de los proyectos

Incluyen una distribución adecuada de riesgos, un gestor privado claramente identificado, un esquema de obligaciones bilaterales de largo plazo, indicadores de desempeño, la forma de contraprestación establecida al gestor privado podrá ser a través de tarifas pagadas por los destinatarios, pagos diferidos del sector público, ambas combinadas u otras establecidas en la Ley; y, la combinación total o parcial de las etapas de planificación, diseño, construcción, financiamiento, comercialización, operación o mantenimiento.

El Comité Interinstitucional aprobará los proyectos

El Comité Interinstitucional de APP, como órgano de la Función Ejecutiva, será el que apruebe los proyectos. Para establecer un proceso simplificado emitirá una resolución con parámetros de la valoración, plazos y demás aspectos por tomar en cuenta.

Por otro lado, la contraprestación al sector privado se hará con el pago de tarifas por parte de las personas destinatarias de los servicios, pagos diferidos del sector público o una combinación de ambas. El Estado también podrá contribuir en los proyectos con aportes de dinero en efectivo, subvenciones, créditos, garantías, pagos diferidos, exoneraciones fiscales, entre otros.

Un decreto contendrá parámetros para resolver las controversias

En caso de haber una disputa entre las partes, la Ley APP dispone un período de 60 días para que estas se resuelvan mediante diálogos directos o mediación.

2017-08-25T13:29:24+00:00 28/09/2016|Categorías: Novedades del sector|Etiquetas: |